El presidente del Colegio de Abogados de León, Guanajuato A.C, Víctor Sánchez Quiroz, abogado especialista en Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo , socio fundador de Servicios Legales MAPA, S.C. y catedrático de distinguidas universidades del Bajío, nos comparte desde su experiencia profesional la evolución de legaltech en el sector público y cómo esto nos permite brindar un mejor servicio al cliente.
Sobre la transformación digital de los abogados, después de la pandemia todo cambió. Las videollamadas tuvieron un adelanto tecnológico muy importante, el de hoy ya las utilizamos muy frecuentemente y de manera cotidiana, solo que algunos clientes prefieren que esa relación entre cliente-abogado debe de seguir siendo de manera presencial: para contratar a un abogado debe conocerlo en persona por lo menos en la primera cita, es lo que mencionan algunos clientes que contratan abogados.
La tecnología está avanzando muy veloz. En el Poder Judicial del estado de Guanajuato se mantienen a la vanguardia en materia de transparencia e implementó la «Justicia Abierta«, que tiene la finalidad de promover la paz social y la colaboración para una administración de justicia cercana, confiable y efectiva. Desde su página se pueden imprimir gráficas, descargar estadísticas y obtener datos abiertos. También es posible obtener información actualizada por salas civiles, salas penales, tipo de juzgado, municipio y materia: todo desde la comodidad de su computadora o dispositivo móvil. También ya existen audiencias del Derecho Familiar que se llevan a cabo desde el hogar u oficina, y así también los clientes se conectan desde sus domicilios, sin necesidad de ir a juzgados.
Los Tribunales Estatal Electoral de Guanajuato implementaron la plataforma en línea PEEL (Plataforma Electrónica Electoral Oral) el primer tribunal local, a nivel nacional, en implementar esta herramienta que facilita a la ciudadanía el acceso a la justicia electoral ya que, desde cualquier dispositivo electrónico, se podrá tramitar el juicio para la protección de los derechos político–electorales. Los ciudadanos pueden combatir cualquier acto que se torne lesivo de derechos político-electorales, como por ejemplo la negativa de registro de candidaturas y la imposición de sanciones entre partidos, entre otras.